Un psiquiatra y cinco auxiliares docentes quedaron detenidos por un nuevo caso de estafas con licencias truchas en el sistema educativo estatal de la provincia de Buenos Aires. Fue luego de ocho allanamientos que se realizaron en Lanús y Lomas de Zamora ordenados por la Justicia platense a partir de una investigación iniciada por una denuncia anónima que reveló una defraudación contra el Estado de varios millones de pesos.
Según confirmaron a Agronomiaweb en los Tribunales platenses, el médico Rubén Massobrio (72) quedó acusado de “defraudación contra la administración pública y falsificación de documento”. La operatoria ilegal involucraría a otros 23 porteros y cocineros de la zona sur del conurbano que obtenían suplencias por enfermedades inventadas por ese profesional.
La mayoría de los certificados que firmaba Massobrio eran por “trastornos de ansiedad”; depresión recurrente” o “ataques de pánico”. Se trata de patologías consideradas “leves” en el estatuto del docente, pero que tienen como mínimo 30 días de exclusión del lugar de trabajo.
Fuentes del caso dijeron a este diario que Massobrio habría habilitado 35 mil días de licencias en 14 meses, el equivalente a 95 años. Es decir, se estima que confeccionó un promedio de cuatro certificados por día hábil entre diciembre de 2017 y febrero de 2019, que es el período que abarca la investigación.
Aún se desconoce cuántas licencias psiquiátricas estaban realmente justificadas.
En la denuncia que tramita el fiscal Alvaro Garganta hay más. Los investigadores sospechan que un delegado del gremio UPCN de esa zona era el que gestionaba el acceso a las autorizaciones médicas para no ir a trabajar. Para eso, utilizaban las facilidades que ofrecía Massobrio —a cambio de entre 800 y 1000 pesos por historia clínica— y también usaban los nombres de otros especialistas a quienes les falsificaban las firmas. Estos matriculados fueron notificados pero se supone que desconocían la situación. “No sabían que les robaban sus nombres”, dijo un investigador. Por eso no están imputados.
La operatoria ilegal fue denunciada por la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI), que depende del Ministerio de Justicia provincial. Es un ente análogo a la Oficina Anticorrupción que opera en Nación. La fiscalía —a partir del aporte que hicieron desde la Dirección General de Escuelas bonaerense— pudo establecer que las suplencias mal otorgadas se concretaron “por lo menos durante todo 2018”. Pero se sospecha que la organización que integraban gremialistas, médicos y agentes estatales operaba desde años anteriores.
“Entregamos toda la documentación requerida y colaboramos con cada uno de los pedidos que hizo el fiscal. Pero se sigue trabajando en el caso”, dijo el subsecretario de Recursos Humanos de Educación Ignacio Sanguinetti. “Esta denuncia la hizo la OFI con información que le aportamos nosotros cuando detectamos que Massobrio había otorgado certificados por más de la media“, dijo Sanguinetti. Además explicó: “En la investigación detectamos que los auxiliares nos contaron que a veces los certificados los pedían desde el gremio UPCN, por lo que también está investigado un delegado de ese sindicato”.