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Cerca de 400 policías bonaerenses denunciados durante el gobierno de Vidal fueron reincorporados por la actual gestión

El ministerio de Seguridad bonaerense comenzó un proceso para reincorporar policías que fueron suspendidos de sus funciones por denuncias penales o administrativas pero que no alcanzaron una resolución final. Según  fuentes oficiales, en los últimos 30 días regresaron a la actividad 390 oficiales y suboficiales que estaban en disponibilidad por decisión del gobierno anterior.

Se trata de agentes involucrados en presuntos casos de corrupción, denunciados en forma anónima por ciudadanos y por colegas o que cometieron irregularidades administrativas. De acuerdo con los procedimientos internos, cada uno de esos incidentes determinan la intervención de la Auditoría de Asuntos Internos (AI), que dispone la separación del cargo y el pago del 50% del sueldo durante cuatro meses.

Después, esa medida se puede prorrogar pero el funcionario tiene derecho a percibir el 100 de su haber hasta que termine la causa administrativa. Puede resultar absuelto, cesanteado o exonerado.

En la gestión de María Eugenia Vidal​, con Cristian Ritondo como ministro de Seguridad, se abrieron 16 mil sumarios a personal de la policía Bonaerense. Todos esos expedientes iban en paralelo con la acción de la justicia Penal.

Según explicaron ahora en el ministerio “hay casi 6 mil efectivos que están en su casa cobrando la totalidad del salario y sin posibilidad de ser incorporados al servicio porque tienen abierto el sumario administrativo”. Cerca del despacho del ministro Sergio Berni, aseguran que “centenares de estas causas fueron desestimadas y enviadas al archivo por la justicia y por A.I. porque no había elementos para sostener las sanciones. Hacían sumarios a granel y por motivos insignificantes sólo para generar estadísticas de marketing y construir la épica del combate a la corrupción”.

Entre 2016 y diciembre de 2019 la auditoría que funciona como organismo de control de excesos, arbitrariedades o irregularidades de los integrantes de la fuerza, instruyó más de 13.000 sumarios administrativos contra integrantes de la institución armada que tiene casi 90 mil hombres y mujeres.

De acuerdo con los informes que se conocieron al final del mandato de Vidal, como resultado de esas intervenciones, 2.390 oficiales y suboficiales terminaron exonerados. La mayoría por casos de corrupción, abuso en el uso de la fuerza o por condenas penales. Hubo, además, 2.200 suspendidos y cerca de 1.100 sobreseídos.

Ahora, en el ministerio de Seguridad sostienen que hay entre 5.000 y 6.000 procesos que deberían cerrarse porque no tienen argumentos para una sanción. “En plena pandemia y cuando más se requiere la presencia de policías en las calles, no podemos tener ese recurso humano en su casa. Y encima generando una erogación del Estado porque están cobrando el 100% del sueldo”, es la explicación.

Este martes, el abogado Marcelo Peña, ingresó 40 pedidos de “reincorporación” de policías a sus actividades. “Son oficiales de Mar del Plata, Junín, La Plata y otros distritos que quieren volver a su trabajo. Los procesos penales están archivados o cerrados por falta de pruebas y mis clientes piden que se cierre la instancia administrativa”.

El argumento jurídico es que esa situación de “inactividad”, indefinida en el tiempo, afecta los principios de “razonabilidad y proporcionalidad de la medida cautelar arbitrariamente dispuesta”.

Entre los expedientes que presentó Peña está el del comisario Pablo Orgoñez, que era comisario de la 1ra de La Plata cuando en un procedimiento sorpresivo encontraron 800 mil pesos en efectivo en la caja fuerte. El oficial quedó involucrado en la causa por la malversación de fondos destinados al pago de horas extras para custodia de edificios públicos de la capital bonaerense.

Hubo más de 10 imputados en supuestas maniobras de falsificación de firmas y en el pago de adicionales que nunca se hacían. Pero la causa judicial se archivó. Y ahora Orgoñez volvería a la actividad.

La ley que regula el funcionamiento de la fuerza policial -decreto 1.050 de 2009- establece que AI puede realizar un proceso “paralelo” al de la Justicia y resolver de manera opuesta. “El caso contra el comisario general que tenía un helicóptero, Néstor Martín, terminó sobreseído en el fuero penal pero exonerado de la fuerza”, explicaron autoridades que trabajaron con la gestión de Ritondo en seguridad.

Otro ejemplo. Los policias sospechados de ser responsables de la masacre ocurrida en noviembre de 2018 en celdas de la comisaría de Esteban Echeverría, no fueron imputados por la Justicia. El proceso penal no encontró delitos en su actuación. “Pero tienen abierto el sumario administrativo porque consideramos que hubo irregularidad en su intervención como policias, no cumplieron ciertos protocolos e incluso vulneraron disposiciones que tienen el deber de respetar”, explicaron ex funcionarios de Seguridad.

El ex auditor de AI, Guillermo Berra explicó que “a partir de diciembre de 2015 se hizo un trabajo a conciencia con el criterio de hacer un control concreto de la policia. Asumimos un rol de verdadera auditoria general y no de tribunal de cuentas. El objetivo era evitar que sucedieran actos irregulares, de corrupción o delictivos. A través de actuaciones preventivas, sorpresivas con el pedido de declaraciones juradas y revisión pública de los patrimonios”.

El ex funcionario admitió que pueden existir procesos “a punto de finalizar” que podrían corresponder a los que ahora se reintegran a la actividad policial. Y que no hubo una “demora” en los procedimientos: “Se hizo una tarea de revisión exhaustiva de cada sumario”.

De acuerdo con un listado que informaron, entre los integrantes de la fuerza que volvieron a la actividad hay un comisario mayor; dos comisarios inspectores, más de 10 comisarios y subcomisarios. Otros son oficiales de menor jerarquía. ​“Algunos hace más de tres años que no trabajan. Y buena parte de ese tiempo cobraron la totalidad de sus haberes”, aseguró Peña.

A fines de marzo, otro abogado -que es comisario retirado- presentó a Berni otro listado de 400 policías que estarían en condiciones de retomar sus puestos en comisarías y delegaciones de investigación.