El récord de contagios se rompió cada 24 horas durante cuatro días consecutivos. La barrera de los 1.000 infectados se superó de a 100 casos más por jornada. Y también fue in crescendo la cantidad de muertos en los últimos días. Aún así, ni el Gobierno ni los expertos que los asesoran saben cuándo será el pico de coronavirus en Argentina. Pero el consenso es que «o empezó» o «está cerca».
El objetivo de evitar que la demanda de atención sobrepase la capacidad de respuesta de los recursos —humanos y materiales— del sistema de salud, y que todas las personas que necesiten atención, ya sea por COVID-19 o por otras patologías, puedan recibirla, arrancó el 20 de marzo con la cuarentena. Y dio sus frutos en la curva «achatada».
Pero con el panorama actual, 200 muertos en los primeros días de junio y 372 personas en terapia intensiva, se reaviva la pregunta tan temida. ¿A quién se le debe asignar un respirador artificial o una cama en cuidados intensivo en caso de que esos recursos comiencen a escasear?
Ante la falta de una guía ética oficial del Gobierno –algo que hace dos meses comenzaron a idear y de la que aún no hay noticias– que pueda servir de referencia consensuada para los comités de bioética de cada provincia y hospital si la cantidad de contagiados graves replicara lo que pasó en Italia, España o Estados Unidos, el sector privado ya tiene su protocolo propio.
Las especificidades de las Guías Éticas Para la Atención Durante la Pandemia COVID-19: Recomendaciones Multisocietarias Para la Asignación de Recursos van desde cómo los profesionales médicos deben determinar qué paciente en comparación a otro puede entrar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hasta cómo organizar la videollamada para que los enfermos que estén cursando la fase de «sus últimos días» puedan despedirse de sus familiares.
Las aprobaron 17 sociedades médicas de las distintas especialidades requeridas para la atención de los infectados. La Sociedad Argentina de Medicina (SAM), la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMYCP), la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y la Sociedad Argentina de Emergencias (SAE), entre otras. A principios de abril, el Ministerio de Salud de la Nación convocó a 16 de esas entidades científicas y sanitarias, junto a expertos letratos en bioética, para redactarla y elevarla al ministro Ginés González García.
Desde el ambiente de la bioética, esto se mantuvo en silencio por el afán inicial del Poder Ejecutivo de «no generar pánico en la sociedad con finales de vida y criterios de asignación según prácticas darwinistas de que se le un respirador al más fuerte y no a ancianos» y, en ese momento, «por creer improbable ese escenario». Al cierre de esta nota, las autoridades de Salud no informaron cuál es el estado o progreso de ese protocolo oficial.
La guía «privada», por llamarla así, se publicó este jueves en la revista Medicina, la publicación médica más prestigiosa del país. «Es de acceso público y puede adoptarla la clínica o sanatorio que lo desee«, detalló Ignacio Maglio, abogado y diplomado en Salud Pública de la Red Bioética para Latinoamérica y el Caribe de Unesco.
Si bien Maglio no formó parte de las reuniones con funcionarios sobre este tema -por eso desconoce si el protocolo oficial está «avanzado o frezado»- su participación fue clave en la redacción de las normas orientativas que se enviaron al Gobierno y que se repiten ahora en la guía que aprobaron las sociedades. Su nombre es el primero que aparece entre los autores.
«El Estado debe asumir responsabilidad en la elaboración de guías dadas las consecuencias que surgen de las decisiones que se puedan tomar y que se vinculan directamente con la vida de las personas», apunta Maglio.
La utilidad de estas guías -define el documento de las distintas sociedades- consiste en «acompañar y sostener las decisiones técnicas y científicas que tomen los distintos especialistas en la atención del paciente crítico«. Pero dado el carácter dinámico de la pandemia, se pide que haya un proceso de revisión y readaptación permanente de las recomendaciones.
¿La edad de los pacientes críticos es clave para la asignación y retiro de la asistencia respiratoria mecánica? No como el primer indicador. Lo primero son las comorbilidades:
«La edad considerada en modo aislado no debe ser un criterio independiente de ingreso a UCI. En los criterios de admisión debe valorarse y estimarse como criterios de exclusión la presencia de patología y comorbilidades que sitúen al paciente en fases de enfermedades avanzadas, de improbable recuperabilidad, o terminales«.
En todos los casos debe tratarse de pacientes graves, con compromisos orgánicos y/o funcionales que pudiesen abreviar el ciclo vital, y que requieren estabilización a través de la administración de algún cuidado intensivo, con pronósticos de recuperación «lo más consistentes posibles».
Pero la decisión de no asignar un respirador o retirarlo debe estar precedida «por el agotamiento de todas las alternativas disponibles». Esto incluye evaluar «la ventilación manual operada por familiares o voluntarios en contextos de desastre y de extrema necesidad», pero con análisis del posible riesgo del contagio de quien esté realizando la ventilación.
Se sugiere utilizar distintos scores o puntuaciones para decidir quién es apto para un respirador artificial. El propósito en la elección deber estar «orientado al beneficio clínico, considerando el pronóstico, la presencia de enfermedades subyacentes y concomitantes, como así también la duración previsible en la utilización del recurso».
Pero los expertos aclaran que «cada clínica o sanatorio debe valorar la posibilidad de generar un consenso propio en base a su realidad local«. Por eso, como en un principio, a falta de una guía ética oficial del Ministerio de Salud de la Nación, la última palabra la tendrá en comité de bioética de cada centro de salud. Como pasó en Italia y España cuando colapsó el sistema sanitario.