Los indicadores de indigencia y pobreza infantil se agravaron con el ASPO y la insuficiencia de los planes asistenciales, en particular para los tramos de 4 a 17 años donde la Tarjeta Alimentar tiene menos alcance que en los menores de 6 años, según el Informe “Avance, Apartado derecho a la alimentación y subsistencia, del Observatorio de la Deuda Social Argentina”, con el foco particular en los niños y adolescentes, tanto en el ámbito educativo, pobreza, como de las carencias alimentarias básicas para su desarrollo (indigencia).
Si bien todos los datos son inquietantes, en particular, porque no sólo se trata de un fenómeno que se fue agravando sostenidamente en la última década, sino porque la suba de 14% a 15,5% de la población de 0 a 17 años con inseguridad alimentaria severa, con picos cercanos a 20% entre los adolescentes, contrasta con la percepción del gobierno nacional que “no hay argentinos con hambre”, según dijo el presidente Alberto Fernández en el cierre de la última Conferencia Industrial de la UIA.
“El incremento de la inseguridad alimentaria en el último período interanual se registra principalmente en los niños/as entre 5 y 12 años, de 15,1% a 16,7%; y en mayor medida en los adolescentes de 13 a 17 años, de 28,2% y 35,4%”, resalta el trabajo. “Cerrar esa brecha es responsabilidad del Estado”, dijo en diálogo con este medio Ianina Tuñón, investigadora responsable del estudio sobre los “Efectos del ASPO – covid-19 en el desarrollo humano de las infancias argentinas”.
Según la proyección censal de la población argentina, al momento del relevamiento del ODSA residían en el país 13,7 millones de niños y adolescentes (de 0 a 17 años), de los cuales 4,72 millones padecían carencias alimentarias, 590 mil más que un año antes, aunque con un desagregado de disminución en 30.000 personas en el tramo de 0 a 4 años, a 1,1 millones, y aumento en 620 mil en la franja de 5 a 17 años, ascendió a 3,6 millones.
Ianina Tuñón contó que semejante aumento “se explica porque siempre en los planes de asistencia alimentaria, como la Tarjeta Alimentar, los más protegidos son los menores de 6 años”, que ha permitido sustituir la caída de la asistencia alimentaria directa en escuelas y comedores de 39,2% a 23,2% de la población hasta 17 años, por efecto del cierre de los establecimientos educativos desde el 20 de marzo que se decretó el ASPO, que determinó a la escuela como “servicio no esencial”.
Se advierte que entre quienes reciben la Tarjeta Alimentar la propensión a experimentar inseguridad alimentaria severa es sensiblemente menor que la observada entre quienes no reciben este beneficio (11,5% y 17,3%, respectivamente).
“Ha sido increíble el efecto de esa transferencia monetaria pese a la alta inflación. Pero, en general, no se extendió a los de más de 6 años, que es la franja más desprotegida, en particular porque en los hogares más carenciados su presencia en el grupo familiar es notablemente menor”, agregó la investigadora responsable del estudio.
“Los niños/as entre 0 y 4 años se han visto más protegidos probablemente como consecuencia de la cobertura de la Tarjeta Alimentar. Sin embargo, esa asistencia no fue suficiente como sistema de protección ante la vulnerabilidad en el acceso a los alimentos (41,8% en los beneficiarios y 31% en los no beneficiarios)”, resalta el informe citado del ODSA.
Otro punto que destacó Tuñón es el referido al “aumento de la inseguridad alimentaria en los sectores bajos integrados, los cuales se caracterizan por ser los más ‘aspiracionales’, mandan los niños a escuelas confesionales, donde están más protegidos, porque refleja el efecto directo de la pérdida de ingresos de los hogares y no captaron plenamente los planes de transferencia directa de ingresos que implementó el Gobierno desde el inicio de la crisis sanitaria, porque focalizaron en las familias con niños menores de 6 años”. Subió en el último año de 28,1% a un 36,2% de la población de ese segmento etario socio-ocupacional.