Una medida que apunta a que nadie se olvide de sus obligaciones y a poner en primer plano el derecho alimentario de chicos y adolescentes
Una política que ya muestra resultados en toda la Ciudad
“En la Ciudad las obligaciones se cumplen sin excepción. Y los chicos y adolescentes están en el centro de nuestras prioridades”, expresó el ministro Gabino Tapia.
Desde marzo, cuando comenzaron los controles en estadios y grandes espectáculos, la Ciudad ya detectó a más de 50 personas que figuraban como alimentantes morosos, y solo este fin de semana otras diez fueron frenadas en la puerta de distintos eventos por estar inscriptas en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM).
La medida apunta a algo simple y concreto: si alguien no cumple con la cuota alimentaria, tampoco puede acceder a eventos recreativos masivos hasta regularizar su situación. No se trata de castigar por castigar, sino de que las prioridades estén ordenadas.
Este último fin de semana largo los controles fueron intensos en distintos puntos de la Ciudad, y las personas detectadas no pudieron ingresar hasta ponerse al día con la Justicia, tal como marca la normativa porteña vigente desde la reforma de la Ley 269, actualizada como Ley 6.771 en diciembre de 2024.
Los operativos forman parte de una política conjunta entre los ministerios de Justicia y de Seguridad, que ya llevan más de 80 despliegues entre partidos de fútbol, recitales y festivales, con controles en accesos, molinetes y zonas de ingreso a eventos de más de 5.000 personas.
Controles en canchas y en megafestivales
Durante el fin de semana, la Ciudad impidió el acceso a 2 alimentantes morosos en Vélez–Argentinos Juniors, otros 2 en Boca–Talleres, 1 en Deportivo Riestra–Barracas Central y otros 5 en el megafestival La Dorada realizado en el Parque de la Ciudad en Villa Soldati.
Cada operativo consiste en un chequeo rápido del DNI que se cruza en tiempo real con el registro, y si la persona figura como morosa, se le informa que no puede ingresar hasta regularizar su situación en sede judicial. No hay grises ni excepciones: el derecho alimentario está primero.
Desde marzo también hubo controles en la Liga Profesional, la Copa Argentina, Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, y eventos como Pumas–All Blacks por el Rugby Championship, porque la idea es cubrir todos los espectáculos masivos donde el flujo de gente es alto.
En el plano musical, la medida también estuvo presente en conciertos de Guns N’ Roses, Lali Espósito, Los Piojos, Don Osvaldo, Kendrick Lamar, Dua Lipa, Airbag, Linkin Park, Oasis y el festival Creamfields, y en cada evento se detectaron casos que de otro modo hubieran pasado desapercibidos.
Conciencia social y acceso a información
Para muchas familias, estos controles significaron por primera vez recibir información clara sobre el proceso judicial, porque el RPAM también funciona como una herramienta para orientar y guiar trámites que estaban frenados por falta de conocimiento o asesoramiento.
Una vez detectada la morosidad, la persona afectada tiene la posibilidad de iniciar el trámite de regularización y, recién cuando la Justicia lo confirma, puede volver a ingresar a estadios o eventos recreativos de gran escala. Hasta entonces, la actividad recreativa queda suspendida.
El subsecretario Hernán Najenson destacó que estos resultados demuestran algo clave: el cumplimiento del derecho alimentario deja de ser un trámite burocrático para convertirse en un compromiso real que toda la sociedad puede ver.
El objetivo es generar conciencia y dejar claro que la cuota alimentaria no es un acuerdo voluntario ni un gesto opcional, sino una obligación judicial que garantiza el bienestar de chicos y adolescentes que dependen de esos recursos para comer, estudiar y crecer.
Qué dice la ley y por qué se actualizó
Con la Ley 6.771 se modificaron términos y se actualizó la categoría oficial: ya no se habla de “deudor alimentario moroso”, sino de “alimentante moroso”, una definición más precisa y alineada con criterios nacionales.
La ley considera alimentante moroso a quien adeuda total o parcialmente dos cuotas alimentarias consecutivas o alternadas, fijadas por sentencia o convenio homologado, y esa definición abarca tanto acuerdos provisorios como definitivos.
Con la tecnología actual, los controles en tiempo real permiten detectar casos al instante, lo que hace que esta política sea efectiva y visible, porque los incumplimientos ya no quedan escondidos detrás de trámites lentos o procesos judiciales que tardan años.
La actualización de la ley también busca ordenar la información entre provincias, organismos judiciales y áreas del Estado, de modo que la identificación de morosos sea rápida, clara y uniforme en todo el país.
Próximo paso: un encuentro federal
En este mismo camino de coordinación, el próximo jueves se realizará en la Ciudad el primer encuentro federal de registros de alimentantes morosos, y será un espacio clave para unificar criterios y mejorar los mecanismos de control entre distintas jurisdicciones.
La reunión se hará en el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la UBA, donde estarán presentes autoridades provinciales, organismos judiciales, instituciones académicas y organizaciones civiles, porque la problemática atraviesa todas las clases sociales y todas las regiones del país.
El foco del encuentro será compartir experiencias, mejorar cruces de datos y avanzar hacia políticas más sólidas, con el objetivo final de que las obligaciones alimentarias se cumplan sin excusas, sin demoras y sin grietas entre provincias.
La Ciudad apuesta a que esta instancia permita construir una red nacional más fuerte, donde cada provincia pueda detectar, informar y actuar frente a alimentantes morosos con la misma rapidez que hoy se aplica en Buenos Aires.
La lógica detrás de todo este trabajo es sencilla: ningún chico debería ver afectado su desarrollo porque un adulto decide incumplir, y la sociedad completa tiene un rol para jugar en ese cuidado.
Por eso estos operativos, lejos de ser un castigo aislado, funcionan como un mensaje concreto: primero se cumplen las obligaciones básicas, después viene el disfrute. El orden de prioridades no debería ser negociable.
Desde que empezaron los controles, muchos casos que llevaban meses o años sin resolución comenzaron a moverse, porque estos operativos obligan a mirar de frente una responsabilidad que no puede seguir postergándose.
Y esa es, justamente, la idea que quedó resonando en los últimos días: cuidar a los chicos no es un trámite: es una obligación básica que no admite excusas.
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