Convivencia y orden en la Ciudad: Macri y Nación avanzan con nuevas medidas para controlar el espacio público

El Jefe de Gobierno porteño y el Gobierno Nacional apuestan a un nuevo paradigma de orden, seguridad y respeto a la ley en las calles de Buenos Aires

Normas claras y decisiones firmes: hacia un cambio de época

La convivencia en el espacio público porteño vive una transformación importante. En las últimas semanas, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, dejó en claro que se terminó la etapa de la “zona liberada” para piquetes, acampes y cortes sin control. Con un enfoque más firme, el mandatario porteño explicó que ahora el Gobierno vuelve a tener un rol central: establecer reglas claras para todos, sin privilegios ni excepciones.

«La ley no puede depender del capricho de algunos. Garantizar el derecho a manifestarse no significa permitir que otros ciudadanos pierdan el suyo a circular o trabajar», sostuvo Jorge Macri.

Este nuevo paradigma, según explicó el propio jefe de Gobierno, apunta a recuperar el equilibrio entre derechos: el de expresarse, pero también el de transitar, estudiar, atenderse en un hospital o simplemente llegar a horario a casa. “El que quiere protestar puede hacerlo, pero sin encapuchados, sin palos y sin chicos usados como escudos”, subrayó.

Desalojos pacíficos y operativos coordinados

En este marco, la Ciudad avanzó con una serie de desalojos ordenados y sin violencia en plazas y espacios públicos donde había acampes prolongados o piquetes intermitentes. Estos operativos contaron con la participación coordinada de los ministerios de Seguridad, Espacio Público y Desarrollo Humano, además de contar con el acompañamiento de fuerzas federales y el diálogo con representantes de organizaciones sociales. Desde el Gobierno porteño destacaron que en todos los casos se priorizó el diálogo, el respeto a las personas en situación de vulnerabilidad y el ofrecimiento de alternativas de alojamiento y asistencia.

Monitoreo inteligente: tecnología al servicio del orden

Una de las herramientas claves que está utilizando la Ciudad en esta nueva etapa es su sistema de videovigilancia urbana. Con cuatro Centros de Monitoreo Urbano (CMU) y más de 15.000 cámaras activas, el control del espacio público es ahora mucho más preciso. El CMU 9 de Julio, que cuenta con 938 cámaras en puntos neurálgicos de la Ciudad, ha sido fundamental para vigilar concentraciones, identificar puntos críticos y tomar decisiones en tiempo real, todo bajo un marco legal que prioriza la seguridad sin vulnerar derechos.

El Gobierno Nacional también avanza: nuevo protocolo antipiquetes

En línea con la postura porteña, el Gobierno Nacional anunció recientemente la implementación del “Protocolo de Orden Público”, una serie de medidas destinadas a frenar los cortes y bloqueos en las calles de la Ciudad y el país. Según detalló el vocero presidencial Manuel Adorni, este protocolo incluye sanciones para quienes organicen, financien, transporten o participen en manifestaciones que impidan la libre circulación. Las medidas buscan enviar un mensaje claro: protestar es un derecho, pero no puede pasar por encima de los derechos del resto de la población. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la encargada de desarrollar los detalles del protocolo en una conferencia posterior. Entre las medidas anunciadas, se incluyen sanciones penales, cortes de planes sociales para quienes participen de piquetes, y seguimiento de las organizaciones responsables.

Un enfoque conjunto con un mensaje claro

Tanto desde la Ciudad como desde la Nación, el mensaje es de firmeza y equilibrio. La protesta no está prohibida, pero debe realizarse bajo ciertos parámetros que respeten la convivencia. “No se trata de reprimir, sino de ordenar”, sintetizó un funcionario porteño. El objetivo es terminar con la impunidad de los cortes organizados como estrategia de presión permanente, y avanzar hacia una convivencia donde las normas se cumplan y todos los vecinos puedan vivir, trabajar y circular con tranquilidad. Este cambio de enfoque marca un punto de inflexión en la política de seguridad y convivencia urbana. El desafío ahora es sostener estas políticas con diálogo, firmeza y resultados que beneficien a toda la ciudadanía.