Habrá 30 dispositivos en manos de oficiales que cumplan funciones en estaciones de tren y subte, para intervenir en contextos de aglomeraciones, y otros 30 en móviles especialmente destinados para actuar ante personas enajenadas o tomas de rehenes
Tras la autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reactivará la importación de 60 pistolas Taser que llevaba dos años trabada. Esto le permitirá, además, poner en práctica el plan previsto para el uso de estas armas electrónicas de inmovilización y menor letalidad. La mitad será destinada a agentes especialmente entrenados para actuar en contextos de grandes aglomeraciones de público, como terminales y estaciones de subte y paradas de transporte público. El resto será distribuido entre las 15 comunas, cada una de las cuales tendrá dos “móviles Taser” para situaciones coyunturales, para detener a personas exaltadas o enajenadas, o cuando haya terceros en peligro.
Esta distribución de los 60 dispositivos fue prevista en el plan de uso de pistolas Taser diseñado por el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, que actualmente está de licencia, en tanto la Justicia investiga una trama de escuchas telefónicas que lo involucran. En el caso de las armas dotadas a los policías que realizan tareas en estaciones de tren y de subte –como la oficial Maribel Zalazar, asesinada de un tiro el mes pasado en la cabecera Retiro de la línea C por un pasajero supuestamente enajenado– se previó que las Taser son más útiles para controlar una situación de crisis de una persona con problemas psiquiátricos o de toma de rehenes en un ambiente cerrado y con gran concentración de gente.
En tanto, los “móviles Taser” serán comisionados ante situaciones de crisis en las que un policía deba reducir a una persona que sufre un brote de violencia productor de una patología psiquiátrica o ante un episodio de toma de rehenes. Su intervención será canalizada a través de un operador de la central de emergencias 911.
Se trata de dispositivos Taser X2, que cuentan con doble disparo, arco de advertencia visible y audible para ayudar a los agentes a rebajar la tensión, puntero láser para mejorar la efectividad de la descarga y un sistema de grabación del disparo, de forma de que sirva de evidencia a la hora de evaluar cómo se utilizó el dispositivo en una situación específica.
Todavía no hay un plazo previsto para que la Policía de la Ciudad comience a utilizarlas, ya que se debe reactivar el proceso de importación, que estaba frenado por la disputa con la Nación. Mientras, comenzará la selección de los oficiales que serán designados para la utilización de estas armas y, posteriormente, la capacitación para su uso.
“Ante una situación de crisis provocada por una persona con problemas psiquiátricos o alguien que toma cautivo a un vecino y amenaza con matarlo, la única herramienta con la que cuenta el policía es la exposición de su cuerpo o su arma reglamentaria. A raíz del aislamiento aplicado para evitar el contagio del Covid-19, aumentaron los casos de pacientes que sufren patologías psiquiátricas a los que les suspendieron los tratamientos. Esta circunstancia derivó en el crecimiento de situaciones donde el policía debe enfrentar una situación de extrema violencia causada por una persona que no es un delincuente, sino alguien al que le suspendieron el tratamiento”, explicó D’Alessandro a fines de noviembre pasado. Fue durante su exposición en el foro sobre seguridad y tecnología en el que se discutió “si las ciudades inteligentes le están dando prioridad a la Seguridad”, realizado en Barcelona durante el congreso Smart City.
La compra de las Taser fue decidida por el gobierno porteño en 2019. El 11 de marzo de ese año, mediante la resolución 2019-29-GCABA-SSGA, se llamó a licitación para “la adquisición de dispositivos de control electrónico con destino a la Policía de la Ciudad”.
El 2 de diciembre de 2020, se aprobó la adjudicación del contrato a la firma Buccello y Asociados. El 23 de ese mes se inició el trámite correspondiente ante la ANMaC mediante el expediente 2021-168188685-APN-DNRYYD#ANMAC.
El 31 de marzo de 2021, según informaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, “se remitió información complementaria solicitada por la ANMaC”. El 10 de mayo de ese año, mediante la resolución 2021-62-APN-ANMAC#MJ, el organismo nacional encargado del control de armas y municiones aprobó “la adquisición de 60 armas electrónicas incapacitantes tiro a tiro, marca TASER, modeloX2, con destino a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”.
Pero, dos meses después, el Gobierno echó a Ramiro Urristi, que era el director del organismo que había autorizado la compra de dichas armas. Y la compra quedó trabada, presa de la disputa política que estaba enmarcada en un problema mayor entre la Nación y la Ciudad por la quita de gran parte del porcentaje de fondos de coparticipación federal que el expresidente Mauricio Macri le había concedido a la administración de su sucesor en territorio porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
La prohibición de hecho de la llegada de las Taser dio paso a cuestionamientos cruzados e incluyó la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, que llevó al juez Walter Correa a intimar al Gobierno a resolver en 30 días el pedido de la Ciudad para avanzar con el proceso de importación de las Taser, plazo que se cumpliría en los próximos días y que, ahora, quedará abstracto.
El mes pasado, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, confirmó la compra de 100 pistolas Taser para las fuerzas federales y adelantó que la Ciudad iba a poder utilizar las que adquiriera.